Lucha en Chiapas

A todos nos suena Chiapas por los conflictos sociales que allí se viven, el motivo; la posesión de unas tierras por parte de empresas y el gobierno mejicano, tierras robadas a los indígenas para la explotación o la construcción sobre estos terrenos. Un conflicto que ha dejado un gran saldo de muertos, la mayor parte (por no decir todos) indígenas, y todo por que estos últimos reclaman las tierras en las que han crecido, tierras que han trabajado con sus propias manos, tierras que por tanto les pertenecen ya que son su principal medio de subsistencia.

Las relaciones entre los indígenas y los movimientos guerrilleros de corte marxista (principalmente el EZLN) es algo que se ha ido forjando con el desarrollo del conflicto.

El 22 de diciembre de 1997 paramilitares asociados al partido de gobierno, asesinaron a más de 45 indígenas de Chiapas, en el sur de México. Entre los mártires había 15 niños. Las víctimas eran refugiados indígenas tzotziles, algunos simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Sin embargo, la masacre no golpeó militarmente al EZLN, pues iba dirigida a minar su base de apoyo y socavar la confianza en esta organización.

El comando asesino se movilizó en vehículos del municipio cercano controlado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernante en México desde los años 20. Tanto el armamento, como los uniformes y equipos utilizados por la banda paramilitar fueron sufragados por aportaciones de la Secretaría de Desarrollo Social. Terminado el ataque, agentes de la policía de Seguridad Pública de Chiapas se dieron a la tarea de recoger los cadáveres y desaparecerlos. Dado el claro vínculo entre los autores del genocidio y el PRI, y ante el evidente escándalo, las autoridades se vieron acorraladas y ordenaron la detención de 41 personas. Los autores intelectuales aún no han sido detenidos.

La creación de grupos paramilitares contra-revolucionarios tiene como objetivo justificar la presencia militar gubernamental en la región, alegando que es para mantener el orden. Se pretende proyectar la imagen de que la guerra es entre indígenas por razones ajenas a la explotación capitalista. El gobierno desea justificar el estado de sitio con el objetivo de una ofensiva militar para acabar con los zapatistas.

El gobierno ha promovido la formación de bandas paramilitares. Se trata de jóvenes sin tierra y sin trabajo que dependen del robo y la extorsión de otros campesinos para su subsistencia. Las autoridades se hacen de la vista larga ante los actos de estos grupos y los utilizan para reprimir a otros indígenas. Se trata de una estrategia contra-insurgente.

La política de terror viene acompañada de la militarización del la región. Por cada 20 indígenas tzotziles que habitan en Chenalhó, municipio donde ocurrió la masacre, hay un militar. En Chiapas la presencia excede a más de 200 puntos de control militar o policial. En la región se han acumulado más de 35,000 soldados. Poco después de la masacre se enviaron 5,000 soldados más. Algunos de ellos han recibido instrucción militar ofrecida por el ejército de los Estado Unidos en Fort Braggs y en la Escuela de Las Américas. Durante el 1997, unos 3,200 efectivos del ejército mexicano fueron entrenados por los EE.UU., alegadamente para la guerra contra el narcotráfico. Estos han sido movilizados a Chiapas con el objetivo de eliminar a los zapatistas.

Debemos unirnos al llamado a la solidaridad con el hermano pueblo de Chiapas en su lucha contra un orden económico que ha explotado a los indígenas y a los campesinos pobres de la región, y continua persiguiendo y asesinándolos.