
El cruce de acusaciones sobre la responsabilidad de las diferentes administraciones del Estado español en esta tragedia es una constatación de la falta de un criterio humano, de un análisis profundo de la situación y de soluciones verdaderamente eficaces para que los trabajadores y trabajadoras de África y Asia, por nombrar los que siguen la ruta marítima, no tengan que seguir arriesgando la vida en busca de un futuro mejor.
El Frontex se ha mostrado como una medida de control policial similar al muro de Melilla u otros del mismo estilo. Es un parapeto tras el que se esconde la opulencia europea que no viene a contribuir en absoluto mitigar la situación de pobreza y desesperación de quienes quieren alcanzar la orilla rica del mundo, ni tampoco a hacerles desistir de sus intenciones, sino que además les obliga a tomar mayores riesgos buscando puntos de partida cada vez más al sur, ampliando así el número de kilómetros de los trayectos en frágiles embarcaciones no destinadas a tan largas travesías.
Los barcos y demás operativo del Frontex han supuesto una reducción del número de cayucos que arriban a las Canarias, pero también un aumento de los que desaparecen en alta mar, y con ello del número de muertos. El control policial hace que las mafias destinadas al tráfico de seres humanos aumenten sus precios por el viaje, condenando a las familias de los migrantes, y a estos mismos, a situaciones de extrema penuria en el primero de los casos, y a ser víctimas de condiciones de explotación laboral y sexual en el segundo para poder afrontar la deuda contraída.

Por último, y en lo que atañe al mercado laboral, está claro que la llegada de migrantes está suponiendo amplios grandes beneficios para aquella parte del empresariado, más numerosa de lo que creemos, que explota en condiciones de semi-esclavitud a estos trabajadores y trabajadoras, redundando todo ello en un deterioro de las condiciones de trabajo, reducción de los derechos laborales, aumento de los accidentes y crecimiento de ciertas conductas xenófobas y racistas, pues se tiende a culpar a las víctimas de la explotación de algo cuyos verdaderos inductores son el sistema capitalista y sus sostenedores.

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